En un artículo anterior, analizamos los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo sirven al propósito de la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD). En este artículo, resumimos las recomendaciones para establecer un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos basado en la Guía de la OCDE sobre la Diligencia Debida para una Conducta Empresarial Responsable.
La guía de la OCDE recomienda seis pasos esenciales para la diligencia debida en materia de derechos humanos:
1. Integrar una conducta empresarial responsable en las políticas y los sistemas de gestión
En primer lugar, las organizaciones deben contar con un sistema de gobernanza general que garantice la existencia de políticas o procedimientos para detectar, mitigar y remediar los riesgos o violaciones de los derechos humanos. El principio fundamental de este paso es, ante todo, la prevención, evitar la probabilidad de que se produzcan riesgos mediante la adopción de prácticas empresariales responsables.
¿Cómo se manifiesta esto? Las empresas deben contar con políticas escritas que afirmen un compromiso con los derechos humanos. Por ejemplo, muchas empresas tienen una declaración de tolerancia cero o una política contra el acoso o la no discriminación, o cualquier variedad de políticas laborales relacionadas con las condiciones de trabajo y empleo. Estas políticas pueden extenderse a los acuerdos con socios y proveedores, para garantizar que se practique el mismo estándar en su cadena de valor.
La asignación de responsabilidad para la aplicación de las políticas de derechos humanos garantiza que estas políticas se pongan en práctica. Esto puede consistir en la integración de los KPI relacionados con los derechos humanos en las revisiones del desempeño de la gestión y en las estructuras de compensación. También puede ser necesaria la formación sobre la aplicación de las políticas como comunicación a lo largo de la cadena de valor.
2. Identificar y evaluar los impactos adversos reales y potenciales asociados a las operaciones, productos o servicios de la empresa
Un ejercicio exhaustivo de mapeo de la actividad empresarial es útil para este paso, con el fin de identificar los impactos relacionados con los derechos humanos. Este paso también implica un ejercicio de priorización de los asuntos más importantes en función de la probabilidad y la gravedad. Durante esta etapa, es importante consultar a las partes interesadas y recordar que hay que revisar el ejercicio de identificación de riesgos cuando se produzca un cambio significativo en las operaciones, la ubicación o las relaciones comerciales.
La guía de la OCDE recomienda específicamente que la evaluación determine si la empresa es la causa de un impacto, ha contribuido al impacto o está vinculada a un impacto a través de sus relaciones comerciales. Estas distinciones son importantes para identificar las siguientes acciones de mitigación.
3. Cesar, prevenir y mitigar los impactos adversos
El enfoque de cesar, prevenir y mitigar recomienda detener las actividades que causan o contribuyen a los impactos adversos, y luego idear políticas o planes que prevengan y mitiguen los impactos futuros. Puede que no sea práctico cesar las actividades inmediatamente cuando una actividad genera una parte importante de los ingresos de una empresa. En los casos en que un riesgo no sea
inmediatamente crítico, se pueden utilizar plazos para cesar gradualmente las actividades o para mejorar gradualmente las condiciones. También debe tenerse en cuenta el impacto del cese de las actividades en las partes interesadas y las políticas de desvinculación con los socios comerciales o proveedores que violen las políticas de la empresa deben quedar claras en los acuerdos contractuales.
4. Hacer un seguimiento de la aplicación y los resultados
Para evitar sesgos, se puede recurrir a la consulta externa para hacer un seguimiento y supervisar el desempeño en materia de derechos humanos. Es especialmente útil en la diligencia debida en materia de derechos humanos contar con un mecanismo de reclamación eficaz que sea imparcial, garantice el anonimato, asegure la acción y sea accesible a las partes interesadas. Esto debería formar parte de un ejercicio periódico más amplio de participación de las partes interesadas.
5. Comunicar cómo se abordan los impactos
La comunicación interna y con las partes interesadas debe partir de las políticas y acciones con las que está comprometido, y comunicar los resultados de las políticas y acciones emprendidas. Cualquier comunicación debe ser accesible a su público destinatario, con la opción de múltiples líneas de comunicación con las partes interesadas.
6. Prever o cooperar en la reparación cuando proceda
Cuando se haya comprobado que se han producido violaciones como resultado de las operaciones o las relaciones comerciales de la empresa, se deben aplicar medidas de reparación de acuerdo con la política. La reparación puede adoptar la forma de compensación financiera o no financiera, disculpas, restitución o rehabilitación. Se pueden tomar sanciones punitivas contra los infractores y aplicar medidas de prevención en el futuro. Sería prudente idear un procedimiento de reparación llevado a cabo por un tercero neutral en caso de cualquier disputa.
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