El Parlamento Europeo rechaza el Compromiso Omnibus I: qué significa para la DSDC y la DSCDS

Bruselas, 20 de octubre de 2025 - El Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta de iniciar negociaciones a tres bandas con la Comisión Europea y el Consejo sobre el paquete Omnibus I, por un estrecho margen de 318 votos en contra, 309 a favor y 34 abstenciones.

La decisión retrasa una de las iniciativas normativas más importantes de la UE, destinada a simplificar las normas de sostenibilidad, y deja a las empresas en una situación de incertidumbre permanente sobre el alcance y el calendario de las principales leyes de información y diligencia debida.

Antecedentes: Un pilar central de la "Agenda de Simplificación" de la UE

La propuesta Omnibus I, presentada por primera vez por la Comisión Europea en febrero de 2025, forma parte de su plan para racionalizar la legislación relacionada con ESG, reducir las cargas administrativas y alinear los marcos de información como el CSRD, CSDDD, EU Taxonomy y CBAM.

El compromiso rechazado -preparado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento (JURI)- habría permitido el inicio inmediato de las negociaciones a tres bandas sin necesidad de votación en el Pleno. Incluía dos ajustes clave en el ámbito de aplicación:

• Directiva sobre memorias de sostenibilidad empresarial (CSRD): se eleva el umbral a empresas con ≥ 1.000 empleados o 450 millones de euros de volumen de negocios (frente a 250 empleados).
• Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (DDDSC): se eleva el umbral a ≥ 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación, con un enfoque basado en el riesgo más estricto centrado en los proveedores directos y las actividades de alto impacto.

Los partidarios argumentaron que estas revisiones harían el marco más proporcionado y realista para las medianas empresas. Los críticos advirtieron de que debilitarían la ambición de sostenibilidad de la UE y limitarían el acceso a datos ESG comparables.

Qué ocurre a continuación

Dado que el compromiso fue rechazado, el pleno votará ahora directamente el paquete, previsiblemente el 13 de noviembre de 2025. Los diputados podrán proponer enmiendas antes de esa fecha, dejando el ámbito final abierto a nuevos cambios.

Hasta que el Parlamento no acuerde una posición, no podrán iniciarse las negociaciones a tres bandas con el Consejo y la Comisión, lo que retrasará la adopción del Reglamento Omnibus I y las consiguientes simplificaciones de los marcos CSRD y CSDDD.

Implicaciones para las empresas

Para las empresas que elaboran informes de sostenibilidad o procesos de diligencia debida, el rechazo significa:

• No hay simplificaciones inmediatas. Los textos actuales del CSRD y el CSDDD siguen siendo el punto de referencia.
• Continúa la incertidumbre sobre los umbrales, los plazos y las expectativas de divulgación.
• La aplicación debe continuar según lo previsto, centrándose en la calidad de los datos, la doble evaluación de la materialidad y la integración de los procedimientos de diligencia debida.
• La preparación digital sigue siendo clave, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que el ESRS 1 y 2, las directrices VSME y las futuras modificaciones de la taxonomía se finalicen en paralelo.

Perspectivas más amplias

El debate pone de relieve la creciente tensión entre la agenda de competitividad de la UE y sus objetivos de sostenibilidad. Mientras que muchos responsables políticos abogan por reducir la carga informativa, los inversores y los grupos de la sociedad civil insisten en la necesidad de disponer de datos ESG comparables y fiables para mantener la credibilidad de Europa como líder mundial en sostenibilidad.

Para las empresas, esta fase de incertidumbre subraya la importancia de una gestión ágil de los datos ESG y de un seguimiento continuo de las actualizaciones normativas.

En EQS, nos estamos preparando para integrar todos los cambios finalizados de Omnibus I directamente en EQS Sustainability Cockpit, garantizando que, una vez adoptados, los clientes puedan adaptarse sin problemas a los marcos actualizados de información y diligencia debida.

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